Comercio con los derechos de los pueblos

Por Kate Horner

Abril de 2010

Durante más de una década, Amigos de la Tierra ha luchado contra disposiciones poco conocidas de nuestros acuerdos comerciales que otorgan amplios privilegios a las corporaciones multinacionales y priorizan las ganancias sobre el interés público. Estas políticas comerciales permiten a las empresas demandar a los gobiernos por adoptar leyes sanitarias o ambientales que podrían reducir sus ganancias actuales o futuras.

Desafortunadamente, nuestras peores pesadillas se acaban de hacer realidad para nuestros amigos y aliados en El Salvador, que enfrenta una demanda bajo el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA).
 

Tabla de contenido Columna del Presidente Introducción: Un crudo despertar Entre bastidores: Severin Skolrud Lavado verde del etanol: No limpio, no verde Poner fin al control corporativo en el Congreso Comercio con los derechos de los pueblos Un gasto enorme para los océanos Dispersantes tóxicos en el Golfo Soluciones globales para una crisis global Futuro de energía limpia: disponible ahora

Pacific Rim Mining Corp., una empresa multinacional canadiense, quiere establecer el proyecto El Dorado, una enorme mina de oro en El Salvador. El Salvador es un país pequeño y densamente poblado, del tamaño de Massachusetts, y uno de los más pobres del hemisferio occidental. El país cuenta con una precaria escasez de recursos hídricos; ha perdido el 20 % de sus aguas superficiales en los últimos 20 años, y se informa que el 95 % del agua restante está contaminada.

La mina de Pacific Rim utilizaría cianuro para procesar mineral en la cuenca del río Lempa, el más caudaloso de El Salvador, que abastece de agua a más de dos millones de habitantes de San Salvador, la capital del país. La minería de oro es notoriamente perjudicial para los recursos hídricos, y la mina propuesta de El Dorado consumiría alrededor de 100 litros de agua por segundo y utilizaría más de dos toneladas de cianuro al día. En otras partes de Centroamérica, la minería de oro ha tenido graves consecuencias tanto para el medio ambiente como para las personas, filtrando cianuro en las fuentes de agua locales, contaminando entornos cercanos con toxinas y enfermando a las comunidades locales, que siguen sumidas en la pobreza a pesar de la riqueza generada por la minería.

Ante el alza del precio del oro, las compañías mineras han solicitado decenas de permisos para nuevas minas en El Salvador, lo que ha provocado un intenso debate nacional sobre el papel de la minería en el país. El gobierno convocó una comisión para revisar la política minera, y las comunidades del norte de El Salvador que se verían afectadas por la minería de oro han expresado firmemente su oposición a la expansión de la minería. Sus preocupaciones han sido compartidas por destacadas organizaciones religiosas y de derechos humanos. Ante la creciente oposición pública a las implicaciones sanitarias y ambientales de la minería, Pacific Rim nunca completó el estudio de factibilidad necesario para obtener el permiso de operación para el proyecto El Dorado.

En diciembre de 2007, una filial de la empresa se reincorporó en Nevada bajo el nombre de Pac Rim Cayman LLC. La nueva filial estadounidense envió una carta al gobierno salvadoreño amenazando con demandarlos bajo el CAFTA. En julio de 2008, la empresa cesó las perforaciones exploratorias en El Dorado. Sin embargo, a finales de año, presentó formalmente una demanda bajo el CAFTA solicitando cientos de millones de dólares en compensación por su inversión desperdiciada y la pérdida de ganancias futuras como resultado de la política de seguridad minera de El Salvador. Las primeras audiencias de este caso comenzaron el 31 de mayo en Washington, D. C.

En vísperas de esta audiencia (de carácter procesal), Amigos de la Tierra organizó una gira de defensa en Estados Unidos para Miguel Rivera, fundador de ASIC (Asociación de Amigos de San Isidro Cabañas), y Vidalina Morales de Gámez, de la Coalición Nacional Contra la Minería Metálica. Rivera y Morales son representantes de la comunidad que luchan en el caso y compartieron sus experiencias con los medios de comunicación y el Congreso estadounidenses. Diariamente, estos activistas demuestran una notable valentía personal al luchar por el medio ambiente y su comunidad. Trágicamente, el hermano de Miguel, Marcelo, otro destacado activista antiminero, fue asesinado en 2008.

Se espera que a principios de agosto el tribunal desestime el caso o autorice las audiencias sobre jurisdicción y legitimación procesal. Independientemente del resultado, Amigos de la Tierra mantiene su compromiso de reformar la política comercial para que las empresas ya no puedan usar la amenaza de demandas internacionales para intimidar a los países y obligarlos a aceptar grandes sumas de dinero o a congelar la adopción de nuevas normas ambientales. Junto con nuestros amigos y colegas de las comunidades laboral, religiosa y agrícola, nos comprometemos a aprobar una reforma comercial integral. Es alentador que la mitad del bloque demócrata de la Cámara de Representantes sea copatrocinadora de la Ley de Comercio, Reforma, Rendición de Cuentas, Democracia y Empleo (TRADE), un proyecto de ley progresista que solucionaría las disposiciones sobre demandas entre inversionistas y Estados y otros problemas en nuestros acuerdos comerciales.