Una victoria para los bosques: Cargill rompe relaciones con el productor de aceite de palma

El aceite de palma se utiliza en la producción de alimentos, cosméticos y combustible. Las empresas productoras de aceite de palma también son responsables de una grave degradación ambiental y violaciones de los derechos humanos. Desplazan a las personas de sus tierras, queman bosques y contaminan el planeta en nombre del lucro empresarial.

Durante años, Amigos de la Tierra y nuestros aliados hemos presionado a las empresas y corporaciones para que rompan sus vínculos con las compañías de aceite de palma abusivas y destructivas.

En diciembre de 2017, tras años de campaña por parte de Amigos de la Tierra y sus aliados, el gigante agroindustrial estadounidense Cargill anunció la suspensión de sus negocios con la controvertida empresa guatemalteca de aceite de palma Reforestadora de Palmas del Petén, S.A. (REPSA). REPSA fue responsable de la terrible contaminación de los ríos locales y de la brutal intimidación a los defensores de la tierra.

En junio de 2015, se identificó a la empresa como probable responsable de la contaminación masiva del río La Pasión, uno de los ríos más grandes de Guatemala. Esta contaminación provocó la polución del agua y la muerte de más de ciento cincuenta toneladas de peces, afectando a más de cien comunidades que dependen del río para su alimentación y sustento.

En respuesta, un grupo comunitario local presentó una demanda y un tribunal ordenó a REPSA suspender sus operaciones. Sin embargo, inmediatamente después del fallo, el portavoz del grupo, Rigoberto Lima Choc, profesor indígena y defensor de los derechos humanos, fue asesinado. Otros tres miembros del grupo fueron secuestrados. Tras estas tragedias, REPSA logró que se revocara el fallo judicial.

Posteriormente se inició una campaña internacional, en la que Amigos de la Tierra se unió a otras organizaciones para denunciar a las empresas multinacionales que compraban aceite de palma a REPSA, varias de las cuales se habían comprometido previamente a eliminar de sus cadenas de suministro a los violadores de derechos humanos.

En junio de 2016, Cargill exigió a REPSA que implementara una ‘Política para prohibir la violencia y la intimidación’. Cargill le dio a REPSA hasta el 31 de octubre de 2017 para cumplir. REPSA no cumplió con los requisitos y Cargill suspendió sus relaciones comerciales con la empresa.

Esta victoria no habría sido posible sin la presión constante de la comunidad ambientalista y los miembros de Amigos de la Tierra, que se negaron a dejar impunes a REPSA y Cargill.